El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sentado ya las bases de lo que parece que será su próxima subida de impuestos. Ha asegurado que se tratará de un alza tributaria «temporal”, “limitada”, “coyuntural”, “moderada” e “instrumental”. También ha asegurado que nunca supondrá una subida de la presión fiscal nacional, algo que, obviamente, no será favorecido por la subida fiscal sino por la fuerte caída de recaudación que se está registrando, con niveles de pérdida de ingresos interanuales del IVA del 36%, del IRPF del 12% y del Impuesto sobre Sociedades que superan los listones de desplome del 20% sobre los ingresos obtenidos el pasado ejercicio.
Zapatero, al contrario que la ministra Salgado, no ha dudado en hablar directamente de “subidas” tributarias. Aludió también a la “progresividad” que tendrán las medidas y dio varias pistas del cauce que seguirán. El principal es que la permanencia del cheque de 400 euros en el IRPF queda condenado con gran probabilidad a su eliminación definitiva o recorte drástico. Así, la medida sobre la que pivotó la campaña electoral que aupó a Zapatero a su segundo mandato será debatida en el Congreso. La práctica totalidad del arco parlamentario ya la ha criticado, lo que le augura una supervivencia más bien corta. El presidente asegura ahora que esta ayuda, con un coste presupuestario de unos 5.500 millones al año, se fundamentó en las dificultades de las familias por la inflación y el euribor, variables que, dice, han cambiado.
El resto de pautas parece indicar que la subida intentará eludir el alza de los tipos de cada uno de los tramos -nada se dice sobre el movimiento de las bases de forma que pudiesen ser más el numero de contribuyentes afectados por los tipos más elevados de la escala-, y, lo que se da ya por seguro, que abordará una subida del pago fiscal de las rentas del capital.
El ese contexto se asegura que el ahorro español puede soportar esta subida sin verse afectado por un movimiento de salida de capitales hacia el exterior en busca de un refugio donde eludir la mayor presión fiscal relativa que soportarían estas rentas en territorio español. Los estudios internacionales sobre fiscalidad del ahorro no parecen coincidir tanto en esta lectura. Más bien destacan que en muchos aspectos el ahorro español sufre ya un tratamiento peor que el soportado en muchas de las economías vecinas. En primer lugar son muchos los destinos donde el ahorro llega a estar ya exento dependiendo del número de mese o años de antigüedad de la inversión.
La última reforma del IRPF, del año 2006, incrementó en tres puntos -desde el 15% al 18%- la fiscalidad de las plusvalías a largo plazo (procedentes de fondos de inversión, acciones e inmuebles)- eliminó la exención existente actualmente de hasta un 75% para los seguros y anuló la desgravación de un 40% en el cobro en un único pago de los planes de pensiones. Así, todo el ahorro, menos los planes de pensiones, pagarán el 18% en cualquier caso, y sin grandes deducciones reseñables (a excepción del pago de los dividendos).
El resultado de esta batería de medidas ha sido el empeoramiento de la fiscalidad del ahorro a largo plazo nacional hasta situarse entre las más duras de las grandes economías europeas. Así, la mayoría de los países competidores de España, como Austria o Reino Unido, llegan a regular exenciones para el ahorro no especulativo (calificativo con el que se concede normalmente, al que supera el año de antigüedad).
La situación de empeoramiento en la fiscalidad comparada se hace evidente en los seguros, una opción pensada principalmente para el ahorro a largo plazo. Los productos conocidos como seguros ilíquidos (los que no permiten el rescate de la inversión hasta un determinado momento, normalmente la jubilación) son beneficiados en Francia, Holanda, Reino Unido y Alemania con la posibilidad de desgravar cantidades superiores a la española: por ejemplo, en Holanda o Francia se eleva este tope hasta superar los 24.000 euros.
Otra de las opciones adoptadas en el panorama europeo para incentivar el ahorro a largo plazo pasa por la generación de un tipo claramente más bajo para las inversiones no especulativas. Es la opción italiana, donde el tipo del ahorro a largo plazo (incluidos los seguros) queda en el 12,5%, frente al 27% que deben pagar productos a corto como los intereses de depósitos o cuentas corrientes.
Los casos de Bélgica o Reino Unido han sido unos de los más decididos en la línea de apoyo al ahorro más estable, pese a que las reformas anunciadas desde Londres apuntan a un castigo a las rentas obtenidas por los contribuyentes de mayores ingresos. La legislación belga deja exentas las prestaciones de determinados seguros (como los “unit linked” -que invierten en cestas de fondos-) y la normativa británica ha permitido dejar sin tributación efectiva productos, como seguros de vida, que superan los diez años de antigüedad. La industria española del ahorro ya ha esgrimido en diversas ocasiones su preocupación ante las consecuencias de un régimen fiscal que resultase excesivamente duro en comparación con la fiscalidad de los países comunitarios. Y la explicación a este temor se basa en el hecho de que el ahorro sí es móvil. O lo que es lo mismo, que puede fugarse a otros Estados si observa condiciones más favorables fuera de sus fronteras naturales.
Entre los últimos datos del panorama internacional destaca igualmente, como un indicador que debería abrir una reflexión en el seno del Gobierno, el auge de la presión fiscal en España en los años pasados. Así, entre 1975 y 2007 España se sitúa como el país de la OCDE en el que más ha crecido (un 19%) la presión fiscal global. Igualmente figura como el tercer país de los 29 de la OCDE en el que más ha crecido (un 3%) entre 2002 y 2007. Además, las ganancias de capital de las derivadas de la disposición de acciones también soportan una fiscalidad comparada claramente perjudicial: pagan un tipo del 30%, siendo las quintas más caras del entorno de la OCDE. Alemania, mientras, por ejemplo, plantea un régimen de exención sin condiciones a estas ganancias de capital empresariales.
Igualmente, en determinados destinos del ahorro que han funcionado tradicionalmente con gran implantación, como la vivienda, la eliminación anunciada de la deducción por compra de residencia, supondrá ya de por sí un endurecimiento de la fiscalidad, no compartido por países como Portugal, Bélgica o Italia.
Incluso mecanismos que, como las sociedades de capital variable (Sicav) se han librado en España, gracias a la reforma de 2005, de un importante control e inspección por parte de la Agencia Tributaria, tampoco disfrutan comparativamente de un régimen privilegiado en la UE. La inseguridad generada por las actas fiscales previas a ese año ha provocado que la creación de nuevas sociedades de inversión de capital variable se haya estancado en los ejercicios posteriores a la vista del peligro tributario y, mientras, países como Luxemburgo o Austria no sólo no ponen trabas a la concentración del capital en un solo inversor sino que su impuesto a las firmas directamente ha sido eliminado.
