Escribe: Joaquín Pedruelo.
La construcción del Estado de Bienestar en los países desarrollados se produce en el ámbito de una sociedad todavía joven y con unas economías en fase de crecimiento económico. En esa situación las preocupaciones de los dirigentes políticos se centraron en la construcción de los sistemas educativo y sanitario; no será hasta principios de los años 70 cuando se comience a abordar el tema de las pensiones.
La calma vivida hasta fechas recientes se ve rota por la crisis económica mundial que pone en tela de juicio fundamentos del Estado de Bienestar que hasta ahora habían sido poco menos que “tabúes”. En este sentido está plenamente presente el debate sobre la reforma de las pensiones públicas, en el que esperemos, por el bien de todos, que se pueda llegar, y a ser posible cuanto antes, a un punto medio que deje satisfechos a patronal, sindicatos y gobierno.
El pilar de la sanidad pública también comienza a ser cuestionado; comienzan a escucharse voces que plantean implantación del copago sanitario, variable en función de los ingresos del contribuyente, e incluso aplicable también a los pensionistas con rentas más altas.
Estas dos iniciativas, que afectan a dos elementos clave del Estado de Bienestar, ponen bien a las claras que la factura que hay que pagar es demasiado elevada como para no plantearse alternativas de financiación.
En este punto quisiera detenerme en la atención pública a las personas mayores dependientes, en lo que se ha venido en llamar el “cuarto pilar” del Estado de Bienestar. Desgraciadamente la crisis económica mundial también ha afectado al desarrollo de la Ley de Dependencia mediante el “RD Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público” que elimina la retroactividad del pago de prestaciones, que ahora será desde que se reconozca la prestación en lugar de ser desde la presentación de la solicitud. El impacto va a ser muy elevado, y especialmente importante en un momento en el que la Ley de Dependencia se encuentra en plena fase de una implantación progresiva que comenzó en enero de 2007 y que finalizará en el año 2015.
Llegados a este punto es preciso recordar que los seguros privados (de ahorro, de seguros médicos, de dependencia) no dejan de ser complementarios de la provisión pública y ayudan a aliviar la pesada carga económica que aquella supone para las arcas del Estado, por lo que sería más que deseable que desapareciera la discriminación de tipo fiscal de los seguros de dependencia respecto a otros instrumentos de previsión social. Otra cosa es si las medidas fiscales “per se” pueden disparar la venta de seguros privados, pero esto será motivo de otro post.
Agradezco tu comentario, Alberto, como siempre muy acertado, y con una gran carga sentimental como exige el mundo de las personas mayores dependientes.
Para que pueda buscarse la solución a un problema, la premisa fundamental es que este exista, o que al menos se tenga la percepción de que realmente existe un problema. Desgraciadamente no nos encontramos todavía en esta situación en lo que se refiere a la atención a las personas mayores dependientes: no existe conciencia de que la atención a esta población deba requerir nuestra atención, ni entre el público en general ni por parte de aquellos que pudieran representar el motor de desarrollo de los seguros colectivos de dependencia.
Siendo lo anterior lo más importante en este momento, no podemos dejar de insistir en la idea de que la atención a la dependencia es extremadamente cara y que se necesitan todos los recursos disponibles, públicos y privados. Los seguros privados deben jugar un papel de primera importancia, y deben ser capaces de vencer, entre otras barreras, aquella psicológica que provoca el rechazo a la idea de que en algún momento de nuestra vida podamos llegar a ser dependientes.
La situación económica, tan preocupante por muchos motivos, puede tener unas consecuencias que –a medio plazo- pienso que pueden favorecer la contratación de los seguros de dependencia.
En primer lugar porque es posible que el gobierno legisle ventajas fiscales para este tipo de seguros teniendo en cuenta, como dice Joaquín Pedruelo, que su contratación ayudaría a aliviar la pesada carga económica que suponen para el estado; en la situación actual cualquier medida que fomente la disminución de la factura de servicios sociales debe ser tomada en consideración.
De otra parte los recortes anunciados en prestaciones sociales, se lleven o no a cabo, y el retraso en el reconocimiento de la situación de dependencia pueden crear una corriente de opinión favorable a la contratación de seguros privados que sustituyan o complementen a los servicios de dependencia. Hay que hacer notar que entre que se produce la situación de dependencia y llega la provisión estatal de servicios, previo reconocimiento de la situación de dependencia, puede pasar un largo período en el que es inexcusable la contratación de recursos externos y este hecho puede ser, por su cuantía económica, un argumento más a favor de la contratación de este tipo de seguros.
He leído el artículo de Joaquín y el resumen de su tesis publicado. Ahora que yo me encuentro con el problema personal de tener que resolver la dependencia de mi propia madre debida a su avanzada edad, me cuestiono si el problema de la dependencia se percibe o no como un gran problema. Yo creo que sí pero que no se hace nada por anticiparse a su aparición y se actúa improvisadamente cuando éste nos afecta, normalmente con ocasión de la llegada a la ancianidad de nuestros progenitores, que por cierto no se produce despacio como cabría pensar, pues un día sigue a otro, sino de repente.
Honestamente, el problema de la financiación de la ayuda a la dependencia es, al menos para mí, el menor de los problemas.
Creo que el problema para quienes se topan con él por primera vez, es un problema en primer lugar emocional (mi padre o mi madre de repente ya no cuidan de mi, soy yo quien debe cuidarles).
Continúa siendo un problema de organización (no estamos preparados para planear y proveer cuidados a familiares distintos de aquellos que conviven bajo nuestro techo, por lo general en forma de hijos).
Es un problema de falta de capacidad profesional para atacarlo (las más de las veces no seremos capaces de persuadir a nuestros dependientes de que efectivamente lo son, y de que necesitan variar su modus vivendi).
Es un problema de falta de tiempo (pensar en atención a personas dependientes es pensar en dedicar mucho tiempo).
Y es un problema de financiación, pero fundamentalmente por la dificultad que representa para el común planificar la conversión del patrimonio del dependiente en tesorería sostenible. Este problema estoy seguro que será además fuente de muchos conflictos familiares entre aquellos que deben resolver y tomar las decisiones de conversión patrimonial en favor del dependiente.
De modo que la financiación de la dependencia, pensada en términos de ahorro en instrumentos aseguradores, es fácil que no sea percibida por el momento como una necesidad en una sociedad más acuciada por proveerse cuidados diarios a personas independientes. Comparto con Joaquín la idea de que son los directores de RRHH prescriptores fundamentales. Si bien éstos tendrán difícil poner de la noche a la mañana en conexión la gestión de las personas con el problema de su madre cuando sea anciana.
Este estado de la cuestión ha de cambiar necesariamente, no ya porque la población tienda a envejecer, sino porque a todos nosotros, que nos desenvolvemos en el mundo con la máxima independencia y autosuficiencia y hemos hecho de ello la forma de vida característica de nuestro tiempo, nos horroriza la idea de llegar a ancianos y confiar a otros la gestión de nuestra vida como dependientes.