Escribe: Joaquín Pedruelo.
La construcción del Estado de Bienestar en los países desarrollados se produce en el ámbito de una sociedad todavía joven y con unas economías en fase de crecimiento económico. En esa situación las preocupaciones de los dirigentes políticos se centraron en la construcción de los sistemas educativo y sanitario; no será hasta principios de los años 70 cuando se comience a abordar el tema de las pensiones.
La calma vivida hasta fechas recientes se ve rota por la crisis económica mundial que pone en tela de juicio fundamentos del Estado de Bienestar que hasta ahora habían sido poco menos que “tabúes”. En este sentido está plenamente presente el debate sobre la reforma de las pensiones públicas, en el que esperemos, por el bien de todos, que se pueda llegar, y a ser posible cuanto antes, a un punto medio que deje satisfechos a patronal, sindicatos y gobierno.
El pilar de la sanidad pública también comienza a ser cuestionado; comienzan a escucharse voces que plantean implantación del copago sanitario, variable en función de los ingresos del contribuyente, e incluso aplicable también a los pensionistas con rentas más altas.
Estas dos iniciativas, que afectan a dos elementos clave del Estado de Bienestar, ponen bien a las claras que la factura que hay que pagar es demasiado elevada como para no plantearse alternativas de financiación.
En este punto quisiera detenerme en la atención pública a las personas mayores dependientes, en lo que se ha venido en llamar el “cuarto pilar” del Estado de Bienestar. Desgraciadamente la crisis económica mundial también ha afectado al desarrollo de la Ley de Dependencia mediante el “RD Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público” que elimina la retroactividad del pago de prestaciones, que ahora será desde que se reconozca la prestación en lugar de ser desde la presentación de la solicitud. El impacto va a ser muy elevado, y especialmente importante en un momento en el que la Ley de Dependencia se encuentra en plena fase de una implantación progresiva que comenzó en enero de 2007 y que finalizará en el año 2015.
Llegados a este punto es preciso recordar que los seguros privados (de ahorro, de seguros médicos, de dependencia) no dejan de ser complementarios de la provisión pública y ayudan a aliviar la pesada carga económica que aquella supone para las arcas del Estado, por lo que sería más que deseable que desapareciera la discriminación de tipo fiscal de los seguros de dependencia respecto a otros instrumentos de previsión social. Otra cosa es si las medidas fiscales “per se” pueden disparar la venta de seguros privados, pero esto será motivo de otro post.
