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Pensiones: la opinión de Carles Campuzano, diputado de CIU

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Carles Campuzano
Carles Campuzano

Entrevista: Luis Badrinas, miembro del Consejo de Redacción del BdeCB

En septiembre, según el calendario conocido, debe comenzar la negociación de la futura regulación del factor de sostenibilidad del sistema de reparto. ¿Cuál es, en este momento, la posición del GP Catalán cara a esta negociación? 

En 2011 se aprobó la reforma del sistema público de pensiones más significativa de los últimos 20 años, con la introducción de algunos cambios paramétricos de hondo calado. Entre estos cambios, el más significativa fue el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2027. La reforma, además, fue consensuada con los agentes sociales, con el plus que eso implica de corresponsabilidad de los representantes de los empresarios y los trabajadores en la implementación de la misma. Y esa misma reforma ya contemplaba la introducción, a partir del año 2027 y cuando las reformas graduales aprobadas en 2011 estuviesen plenamente en marcha, de un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la esperanza de vida. Ciertamente, en la legislación vigente el factor de sostenibilidad tan solo estaba enunciado y previsto, pero en ningún caso se regulaba en concreto en qué consistía esa regla que debía de conformar la futura evolución  de los principales parámetros del sistema de pensiones. Desde este punto de vista, es razonable pensar que en términos de la propia credibilidad de las reformas en marcha es buena iniciativa definir hoy lo que se entendía por factor de sostenibilidad, cuando además a la incorporación del mismo se le atribuía en la reforma de 2011 un  peso significativo en la moderación del gasto en pensiones a largo plazo. Por su propia naturaleza, la definición de un factor de sostenibilidad exige un amplio acuerdo social y político. Se trata de un cambio estructural en el sistema de pensiones, pensado para el largo plazo que no puede estar sometido a  los cambios de las mayorías parlamentarias. Desde este punto de vista, vamos a trabajar para facilitar el acuerdo, trasladando al Gobierno la imperiosa necesidad que no tenga la tentación de imponer la mayoría que ostenta en las cámaras. 

CiU exhibe a menudo, con razón, el mérito de ser la única formación política que ha apoyado todas las reformas del sistema español de pensiones. ¿Cree que serán necesarias nuevas reformas? ¿En el corto o en el largo plazo? 

Ciertamente, hemos sido fundamentalmente CCOO y CiU, en el marco del Pacto de Toledo, agentes principales del acuerdo en las reformas. No todo el mundo puede decir lo mismo. Nuestra convicción en las virtudes y las fortalezas de un sistema de pensiones de carácter público, contributivo,  de reparto, de prestación definida  basado en la solidaridad entre generaciones e intergeneracional nos obliga a ser partidarios de un esfuerzo permanente de mejora, cambio y adaptación ante los retos económicos, sociales y demográficos a los que deben de hacer frente las sociedades modernas. Pero esa misma convicción nos lleva a no confundir los problemas del sistema de pensiones hoy, que están directamente vinculados al desempleo masivo, con los problemas que se derivan del impacto de la jubilación de los baby boomers. Hoy en el corto plazo lo que necesitamos, con urgencia y no tan solo para garantizar la solvencia financiera del sistema de pensiones, es la creación de empleo. 

¿Qué papel cree que podrá, o deberá, jugar a partir de ahora el pilar de capitalización en el sistema de bienestar? 

El desarrollo de la previsión social complementaria es uno de los grandes temas pendientes en la mejora y modernización del sistema de protección social. Especialmente, si nuestra aspiración es el mantener el nivel de vida de las personas una vez se jubilan y al mismo tiempo valoramos las virtudes del ahorro pensado a largo plazo. Y ello exige alguna cosa que una discusión sobre la fiscalidad de ese ahorro. Hay retos enormes; desde la transparencia y la responsabilidad social hasta el coste de las comisiones y la mejora de la rentabilidad, pasando por una verdadera “democratización” de las posibilidades de ahorro para todos los ciudadanos. También en esta materia necesitamos un gran acuerdo social y político, pensado para el medio y largo plazo.

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