Iñaki Calvo, miembro de Community of Insurance.
Ante todo, debo pedir disculpas a los lectores por el título del post, ya os adelanto que soy un pacifista convencido, y que la guerra que reivindico es la guerra que todo el sector asegurador debe declarar al fraude en el seguro, una lacra que lejos de eliminarse, sigue activa y cada vez con mayor sofisticación si cabe. Hay una máxima que nos viene heredada desde el Derecho Romano, que es atribuida al jurisconsulto Celso y que entiendo que debemos aplicar como principio rector en esta batalla “Neque malitiis indulgendum est” (No hay que ser indulgente con la malicia).
Los últimos estudios sectoriales a nivel europeo hablan de que en los últimos tres años se estima que el fraude ha crecido alrededor del 10% y ya supone anualmente un quebranto de unos 12.000 millones de euros en Europa. Se estima que en los EEUU las pérdidas suman cifras anuales cercanas a los 80.000 millones de dólares. En Brasil los aseguradores creen que solo en el seguro de automóviles el 20% de los siniestros son fraudulentos. Las cifras son apabullantes.
Las causas son diversas y alcanzan a todos los estratos sociales, por lo que hay que suponer que el fraude al seguro está bien arraigado y supone que los asegurados en su conjunto deben asumir, aún sin imaginárselo, los costes del fraude en el montante final de las primas que soportan. Para combatirlo hay que desarrollar diferentes acciones que impliquen a todos los actores del seguro, desde asegurados a aseguradores, pasando por todos los profesionales que están implicados de cualquier manera en los procesos aseguradores (mediadores, peritos, médicos, abogados, reparadores, etc.).
Algunas acciones a desarrollar pasan por:
- La educación a base de campañas de publicidad, contando casos ejemplificadores, y sus consecuencias para aquellos que lo practican. La implicación no solo afecta a los Aseguradores, sino que debe ser perfectamente coordinada con la Administración Pública. Luchar contra el fraude en el seguro (estafa) es luchar contra el delito y debe ser un objetivo prioritario de dicha Administración (Policía y Justicia).
- La acción directa de denuncia de parte de los aseguradores, pactando diferentes protocolos con la Fiscalía. Según indica el Doctor Mariano Sánchez, CEO de Risks International de Colombia “Las compañías de seguros toman medidas firmes contra el fraude, pero algunas lo fomentan inadvertidamente cuando pagan con facilidad las reclamaciones sospechosas”
- La formación específica anti-fraude de los tramitadores de siniestros de las aseguradoras, debe ser parte de su formación básica, no solo adquirida a base de experiencia o en su caso solo para algunos tramitadores escogidos.
- La firma de protocolos de colaboración en este aspecto por los profesionales que trabajen para cualquier asegurador. Deben comprometerse por escrito a luchar y denunciar cualquier clase de fraude con la que se enfrente. Con el riesgo de ser cesar inmediatamente como profesional colaborador y constando así en sus referencias profesionales, en caso de ser colaborador necesario o autor de cualquier tipo fraude.
- Tratar de que los propios asegurados firmen un compromiso no solo de actuar de buena fe en la ocurrencia de cualquier siniestro sino a comprometerse a no colaborar con nadie en cualquier acción engañosa contra cualquier asegurador, haciéndole ver las ventajas de su buen comportamiento (educación activa) y las consecuencias negativas de efectuar el engaño. Los aseguradores deben ser valientes en este aspecto. Habitualmente no les gustar manifestar este problema en sus relaciones con los asegurados, curiosamente ambas partes saben que existe, pero nadie habla de ello. Rompamos paradigmas.
- Utilizar cualquier medio que las nuevas tecnologías permitan. Los defraudadores las utilizan y hay que tratar de ir por delante de ellos. A modo de ejemplo, hay aplicaciones tecnológicas como Gistek Ubiquos que es una herramienta magnífica contra el fraude que permite desde el ordenador del tramitador de siniestros, la visualización on-line del lugar del siniestro a través de un smartphone, realizar mediciones necesarias y todo ello con geolocalización, para evitar errores intencionados o no, entre otras ventajas.
- Incrementar la comunicación entre aseguradores. La falta de comunicación actual facilita la realización de los delitos que se quieren perseguir. Para esto parece que el paso a realizar es la creación de un registro de defraudadores, por supuesto con todas las garantías legales. Este registro debe permitir penalizar con recargos a los pequeños defraudadores y poner difícil la contratación a los profesionales. No debiera parecernos extraña esta medida ya que actualmente existen distintos registros que consultan los aseguradores que utilizan para mejorar la suscripción de riesgos.
Y para finalizar, un post no da para más. La lucha contra el fraude hay que verla como una inversión, y muy fructífera además. Según el informe ICEA de El Fraude en el Seguro Español 2014, de cada euro invertido en la lucha contra el fraude se obtiene un retorno de 42,99 euros. De cada caso fraudulento detectado, el porcentaje medio de fraude bruto evitado respecto a la reclamación total inicial es del 72,65%. Razones más que suficientes para justificar el empeño en la persecución. Definitivamente, ¡declaremos la guerra!
