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Escribe: Enrique González, Actuario y miembro de Community of Insurance.
Ya es un clásico, que AXA y El Nuevo Lunes celebren su jornada sobre el tema de pensiones, sus problemas y su futuro. Esta tradición se cumplió también este año, con la celebración de las XXVIII Jornadas, el pasado lunes 28 de Noviembre
Estas jornadas, frente a las que su colega y competidor “Cinco Días” celebra desde hace bastantes años menos, tiene más o menos a los mismos participantes, pero la de AXA y El nuevo Lunes presenta una diferencia importante; incorpora al panel de ponentes una representación política de todo el arco parlamentario, que expresan, lo que todos suponemos que es la postura oficial de sus respectivos partidos.
En la actualidad, cuando el ruido generado en torno al futuro y viabilidad del sistema de pensiones públicas, el vaciado de la hucha de las pensiones, y las propuestas de financiación fiscal del sistema, con impuestos específicos a este fin; criticas al último gobierno del PP incluidas, que cuando pudo nada hizo, y en el último año, quedaba fuera de sus posibles hacer nada. Creo que los asistentes a la jornada esperábamos más, no ya de los técnicos, pero sí de los políticos.
Las aportaciones de los técnicos, en esta jornada, son las mismas que ya plantearon, en la jornada que el día 16 de este mismo mes, celebró el competidor, un repaso de la problemática actual y futura del actual sistema pensiones públicas de reparto, y del sistema privado de Planes y Fondos de Pensiones, vigente en nuestro país desde 1987; y un fijar la mirada en los modelos de los otros países de nuestro entorno, que se supone más avanzados, cuando en realidad y en mi opinión, solo son más previsores, y bastante más serios y organizados.
Que los técnicos no dijeran nada nuevo, y que lo aportado fuera exactamente lo mismo, con la misma presentación, el mismo programa y casi las mismas palabras; salvo dos de los intervinientes que no estaban en el panel de la jornada del día 16; es normal, las conclusiones técnicas serias, no cambian en una semana, salvo que se produzca una debacle o un descubrimiento inimaginable, que obligue a revisar todos los criterios anteriores.
Como esto no se produjo, en cuanto a los técnicos, doy por reproducido aquí, íntegramente, mi artículo relativo a aquella jornada que bajo el título “ II jornada de Planes de Pensiones Cinco Días e Ibercaja” se publicó en el blog de Community of insurance esa semana.
La parte de la jornada dedicada a los políticos, en mi humilde opinión fue, decepcionante. No puedo creer, que con los problemas que acucian el futuro a medio y largo plazo, al sistema de pensiones público, esos políticos, los que por cada uno de los partidos tienen asiento en la Comisión del Pacto de Toledo, no sean capaces de expresar, ni de aportar, ninguna idea hacia ningún modelo de evolución a un sistema sostenible y viable para las pensiones públicas.
Si, ciertamente, el sistema de pensiones público y su financiación depende, muy mucho, del nivel de empleo, también depende del nivel salarial de la población, de la longevidad y del envejecimiento de la población. También tiene bastante que ver con la natalidad, que en España está por los suelos; aquí sí que somos líderes absolutos del batallón de los torpes, si bien en este tema se pasa de puntillas, y muchos creen que podrá sanearse el déficit de nacimientos con inmigración, que es una forma más rápida de conseguir población. Obviando la problemática que ello conlleva; claro que quizá el equivocado soy yo, y se piensa en la ecuación inmigrante igual a salarios bajos. ¡¡ Si más bajos que al nacional !!.
Que los dos partidos mayoritarios se echen la culpa de esto y de aquello, no ayudará a resolver el problema; que los partidos emergentes lleguen con propuestas, de derogación del actual marco laboral, de libertad en la decisión del momento de la jubilación, de subir las pensiones por IPC y que sea el Ibex el que soporte el coste, y cosas por el estilo que se afirman en ese mundillo de ciencia ficción que es el circo de la política, no van a ayudar nada a diseñar el nuevo modelo. Vamos sin remedio a un nuevo parche.
Desde mi candidez, se me ocurre pensar, que quizá ayudaría algo al futuro del sistema público de pensiones, a su viabilidad y sostenibilidad, pasar a todos los funcionarios del Estado y de los organismos públicos que hoy están en el sistema de clases pasivas, y en mutualidades de previsión social sustitutivas de la seguridad social, por ejemplo los abogados; en el sistema general de pensiones de la Seguridad Social.
¿Una medida de este estilo, que aportaría al sistema de pensiones públicas?
Ignoro si mis números son correctos, quizá, no son ni aproximados; ¿Cuantos funcionarios hay en activo en España, 3.000.000?, pues sería un aumento de tantos nuevos cotizantes a la SS; por los que el Estado además tendría que aportar exactamente lo mismo que aportan los empleadores de los no funcionarios. Cierto que también se incorporarían los funcionarios hoy jubilados, pero también su partida presupuestaria. Además, los funcionarios y su empleador, cotizarían por su salario real de estos, no con las matizaciones de exclusión que tienen con determinados complementos, que hoy quedan fuera de cálculo en sus pensiones. Creo que los funcionarios ganarían con el cambio en sus futuras pensiones.
La integración de los profesionales de la abogacía, que hoy no están integrados en la SS por estar en la Mutualidad General de la Abogacía; pasarían sus cotizaciones y sus derechos consolidados a la SS. ¿Cuántos son 200.000, 400.000?, lo ignoro, pero bastantes y además lo harían por el régimen de autónomos.
Naturalmente hay que terminar con la voluntariedad de decisión en la elección de bases de cotización del régimen de autónomos. No es de recibo que un trabajador por cuenta ajena con salario mínimo, cotice sobre este salario y un autónomo, con rentas superiores este cotizando por la misma base mínima. Nadie puede creerse que la renta salarial media sea bastante superior a la renta neta media de un profesional. ¡Es un fraude a la inteligencia!.
También soy un convencido de que todos los demás regímenes especiales de la Seguridad Social, Agrario, Marina, Minería, seguro que hay más que no recuerdo, deben integrarse en materia de bases de cotización en el sistema general; con independencia de que puedan existir unas cuotas variables en el tiempo, en función del nivel de renta real de estas actividades, con liquidaciones complementarias a final de ejercicio.
Las anteriores propuestas, pueden ser quizá irrealizables, pero son propuestas, no lo que hasta ahora hemos tenido, visto y padecido, desde 1985, en las que las únicas propuestas y acciones han sido las de establecer, cada vez que se abordó un saneamiento del sistema público de pensiones, cavar una zanja mayor entre el último salario como activo y la primera pensión de jubilación. Todos conocemos bien la historia por la que discurrieron estas reformas.
Fuera del mundo de las pensiones públicas, el denominado 2ª pilar obligatorio para las empresas y sus trabajadores, está muy bien, puesto que sería general para todos los trabajadores, aun cuando con su problemática y con distintos niveles económicos, que es lógico.
El 3er pilar, voluntario para los ciudadanos también sería perfecto; pero solo si se cambia la orientación actual, que desde la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987, parece un sistema más destinado a proveer de fondos a largo plazo, al sistema financiero, y no con el objetivo de rentabilizar al máximo las aportaciones de los partícipes de cara a su jubilación.
Aquello dio lugar a un negocio anual de más de 3.000 millones de euros, en comisiones de gestoras y depositarios, más un importe indeterminado de comisiones por la materialización y ejecución de la gestión de inversión de activos del patrimonio de los Fondos y Planes de pensiones.
Nadie puede negar que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 fue todo un negocio para el sistema financiero español; pero no llegó a ilusionar a ninguno de los partícipes de esos planes, más que en el ahorro fiscal que su tipo marginal les suponía para la aportación máxima.
Es necesario buscar una incentivación fiscal, que se ajuste a todos los niveles de renta, en las pensiones públicas y en las privadas, equilibrando la situación y haciéndola igual para todos.
La vuelta de aquella legislación que dejaba fuera de tributación las pensiones públicas, sería una ayuda a mejorar el poder adquisitivo de estas pensiones públicas. No hay que olvidar que la pensión pública, es la única a la que demasiados ciudadanos, hoy y a futuro, podrán fiar su jubilación, y no por voluntad propia. Los experimentos con gaseosa, por favor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_grid post_type=»ids» grid_id=»vc_gid:1480942888898-d02c92d5-5caa-9″ include=»14206, 27627, 27646″][/vc_column][/vc_row]
