- Los ciudadanos deben conocer su pensión futura y las ventajas de tener varias fuentes de ingresos
- El sector asegurador apuesta por promover tanto el ahorro en el ámbito laboral como el individual
UNESPA reitera la necesidad de promover el ahorro complementario para la jubilación en España. La Asociación Empresarial del Seguro realiza esta declaración tras la reciente publicación del Spending review por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el que se cuestiona el tratamiento fiscal que reciben actualmente los productos de previsión social.
Los autores del informe de la Airef consideran que se debe realizar una “reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo”. UNESPA coincide con la necesidad de reconfigurar el tratamiento que recibe en la actualidad la previsión social. En opinión de la asociación, los poderes públicos deberían favorecer la generación de grandes masas de ahorro para la jubilación impulsando la creación de estos instrumentos en el ámbito de las relaciones laborales, al tiempo que se favorece la previsión entre los particulares.
El modelo que promueve UNESPA para la jubilación se basa en tres pilares. Uno compuesto por las pensiones de reparto públicas (I Pilar), otro por el ahorro acumulado a través de instrumentos de previsión social vinculados al entorno laboral (II Pilar) y un tercer bloque correspondiente al ahorro finalista que, con carácter individual, cada persona acumula (III Pilar). Este planteamiento es, de hecho, el que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el que existe en la mayor parte de los países desarrollados.
Desde el punto de vista de la asociación, el II y el III Pilar deben desarrollarse en paralelo –no uno a costa del otro–, para cumplir plenamente su función de complementar la pensión pública en un contexto de cambio demográfico que vive España. El palpable y paulatino envejecimiento de la sociedad hace prever, en opinión de diversos organismos internacionales (FMI, OCDE…), que sea necesario emprender una reforma de las pensiones públicas que derivará en una tasa de sustitución[1] menos generosa que la actual. El ahorro complementario es, precisamente, la herramienta que puede compensar una previsible pérdida del poder adquisitivo por parte de las personas que hoy están en activo y que el día de mañana serán pensionistas.
Desde UNESPA se reitera que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación, y su tratamiento tributario es el mismo que tienen las pensiones públicas. El informe da lugar a confusión, dado que inicialmente se cuantifica el coste fiscal anual de este incentivo para la Hacienda Pública en 1.643 millones de euros por la reducción de las aportaciones a estos sistemas en base imponible, cuando su verdadero coste fiscal anual para las arcas del Estado es de 450 millones de euros si se tiene en cuenta en dicho cómputo la tributación de las prestaciones de estos sistemas.
Respecto del total del coste fiscal analizado por la Airef en su informe (35.000 millones de euros), la cantidad de 450 millones de euros representa un 1,28%. Este parece un importe fiscal razonable que tiene como contrapartida la generación de un ahorro complementario para la jubilación que asciende actualmente, entre todos los sistemas de previsión social, tanto individuales como de empleo, a más de 175.000 millones de euros.
Adicionalmente, en el cómputo de los 450 millones de euros de coste fiscal anual real de este incentivo no se tiene en cuenta, tal y como se reconoce en el propio informe, que la rentabilidad obtenida por los sistemas de previsión social no tributa como rentas del ahorro (cuyo tipo máximo es del 23%), sino que tributa como rentas del trabajo (cuyo tipo máximo es del 45%). Si se tuviera en cuenta ese efecto, el importe del coste fiscal anual de este incentivo sería muy inferior a 450 millones de euros, de los que aproximadamente, además, 300 millones corresponden a un régimen transitorio (reducción del 40% en forma de capital que se limitó en 2006).
Hay que tener en cuenta, como también reconoce el informe, que el esquema tributario que se aplica en España a los planes de pensiones y demás instrumentos de previsión social es el que tienen la mayoría de los países europeos. Es el denominado Sistema EET: reducción en la base imponible de la aportación, no tributación de los rendimientos durante la fase de acumulación y tributación en el momento de cobro de la prestación.
Falta de concienciación
El insuficiente desarrollo de la previsión social complementaria en España no se debe exclusivamente a su esquema tributario, sino a una falta de concienciación social en torno a la conveniencia de ahorrar para complementar la pensión pública. Esta carencia se debe, principalmente, a una ausencia de información. Hasta hace muy poco, los trabajadores no podían conocer cuál iba a ser su expectativa de pensión a la jubilación. Ahora se puede obtener esta información de la página web de la Seguridad Social, pero el sistema de acceso es complicado y no se complementa con el envío de cartas informativas periódicas a los trabajadores, como sí se hace en otros países.
Por otro lado, en el ámbito europeo se ha creado un producto de previsión social individual con pasaporte comunitario que se denomina Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP, en inglés). Este producto empezará a comercializarse en toda Europa a partir del año 2022. La Comisión Europea ha reconocido a raíz de su creación el importante papel que desempeñan los incentivos fiscales en el fomento de los productos de pensiones individuales.
Por último, la experiencia reciente ha demostrado que aquellas economías que cuentan con grandes bolsas de ahorro nacional se encuentran más protegidas ante las turbulencias financieras que se dan en momentos de crisis internacionales. Promover el ahorro para la jubilación favorece, pues, la estabilidad macroeconómica de España al facilitar la financiación de las Administraciones Públicas y las empresas del país.
