Escribe: Juanjo Lecanda (Asegurador y Observador independiente)
Desde mi rincón veraniego, aunque casi desconectado, sigo por la prensa escrita generalista los escasos temas de seguros que transcienden de nuestro mundo asegurador.
En los últimos días me he fijado en tres temas que comento a continuación.
En primer lugar, el Anteproyecto de ley de Servicios Funerarios que, obviamente, afecta al seguro de DECESOS. Las primas del 2010 superaron los 1600 millones de euros con una siniestralidad que no llegó al 40% aunque con un incremento de provisiones técnicas de 13 puntos. Los Gastos de Explotación fueron de un 31% en cuanto a Adquisición y un 4,65% de Administración. Con todo ello, el Resultado Técnico fue de casi 15 puntos, que “lo dice casi todo”.
Cabe pensar que la nueva ley fomentará la competencia en la prestación de los servicios y, consecuentemente, en el costo de los seguros.
Adicionalmente se pretenden reducir los trámites que elevan el costo de los funerales.
Realmente los servicios funerarios están liberalizados desde 1997 pero la Administración quiere permitir la entrada de nuevos profesionales y, de este modo, aumentar la competencia.
Se intentan eliminar requisitos desproporcionados e innecesarios para el acceso a la actividad como acreditación financiera, vehículos necesarios o salas de velatorio y la supresión de la autorización previa que se sustituirá por una “declaración responsable” ante el Ayuntamiento correspondiente.
El nuevo texto legal hará especial énfasis en la mejora de la protección de los derechos de los usuarios, al aumentar la información y transparencia con la obligación de entrega de un catálogo de precios y un presupuesto vinculante.
En lo relativo al Seguro de DECESOS, la novedad más significativa es que las Aseguradoras estarán obligadas a ofertar al cliente una relación de tanatorios que organicen el sepelio, para que se garantice una efectiva libertad de elección. Teniendo en cuenta que el coste medio de los servicios básicos ronda los 2000 euros, todas las medidas que, manteniendo el nivel del servicio, supongan una reducción de costes serán bienvenidos para las familias sin seguro o para las propias Aseguradoras.
Hay que tener en cuenta que de los 380.000 fallecidos en España en el año 2009, un 60% tenían Seguro de Decesos.
Entiendo que la nueva ley puede suponer un revulsivo para un sector asegurador tan específico como el de Decesos.
En segundo lugar, quiero referirme a la noticia relativa a que “CAJA LABORAL SONDEA VENDER UNA PARTE DE SEGUROS LAGUN ARO”.
Hace ya bastantes meses que viene hablándose de esta posible venta.
SEGUROS LAGUN ARO, sin duda un caso único en el panorama asegurador español por sus características específicas, pertenece a CAJA LABORAL que, a su vez, se integra en la CORPORACIÓN MONDRAGÓN. Aunque no hay seguridad de que se confirme la venta, quizás lo importante sea la decisión en sí misma.
Por otra parte, será difícil que salvo que no se encuentre comprador que pague un precio interesante haya marcha atrás. En mi criterio, la explicación de la venta podría obedecer a varias razones:
1º La conveniencia del Grupo Financiero de hacer cash dada la situación del sector financiero y las nuevas exigencias de Basilea III
2º La confirmación de la dificultad de desarrollo de un Proyecto de dimensión pequeña y de carácter generalista, en un mercado complejo.
3º Quizás la confirmación de que la potencialidad de distribución de seguros por parte de un grupo financiero es superior y menos compleja a las oportunidades como Asegurador.
Será interesante verificar si hay pretendientes y su naturaleza. Entiendo que sí los habrá y que pasado un plazo, la Entidad compradora tomará la mayoría y desarrollará algún acuerdo de distribución con el Grupo Financiero propietario de Seguros Lagun Aro.
Finalmente, me han llamado la atención las notas de prensa sobre la indemnización de 1,075 millones de euros que recibirá la familia de ANTONIO MELLO, un joven que hace 22 años quedó en coma por una negligencia médica. Como estoy seguro que es una noticia ampliamente leída, me parece oportuno – más que entrar en los aspectos técnico-aseguradores, que desconozco – comentar el sentido y la orientación de las informaciones de prensa.
Ya he escrito en ocasiones que no son fáciles de entender las posturas de las Aseguradoras que se niegan a resolver – ó se enredan – con algunos siniestros para, finalmente, pagar más de lo previsible y a la vez reflejar una imagen pésima para el conjunto del sector. No debe pensarse que mi opinión es “buenista” ni ingenua. Siempre he considerado que en un 90% de los casos “es mejor un mal ó regular arreglo que un pleito”, que en otro 5% “el arreglo es menos malo”… y que sólo en otro 5% es necesario llegar hasta el final. Obviamente, los porcentajes indicados no pretenden más que indicar una pauta… y por supuesto no pretendo juzgar la decisión de la Aseguradora en el caso en cuestión.
No obstante, de la lectura de la prensa queda reflejada, además de la gran dificultad de un tratamiento razonable y no sólo emocional de estos supuestos, la necesidad de que el sector asegurador – sin perjuicio de defender sus intereses económicos y su cuenta de resultados – sepa llegar tanto a la Sociedad en general como a los Asegurados, Perjudicados y a la Prensa para que la visión final no sea tan negativa.
Obviamente, no es lógico ni razonable que hayan pasado 22 años para que se haya resuelto un caso tan humanamente duro como el de Antonio Mello.
Diversos aspectos deben haber fallado ó se han adoptado posturas extremas.
Algo habrá que hacer tanto legalmente como en la praxis aseguradora para evitarlo.
JUAN JOSÉ LECANDA
juanjolecanda@hotmail.com
