Escribe: Enrique González, Actuario de seguros y miembro del Consejo de redacción del BdeCB
Ha pasado ya un mes desde se hizo público el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema publico de pensiones, relajándose por el momento, la tensión política y la atención de los medios de comunicación general sobre el mismo.
Creo que ahora es el momento de analizar, no las fórmulas definidas en el Informe relativas a los denominados “factor de equidad intergeneracional” y “factor de revalorización anual de todas las pensiones”, sino las hipótesis de partida y las propuestas de modificaciones que son la base fundamental del informe, y que en mi opinión son las que carecen de rigor técnico, aun cuando estén propuestas por el Comité de Expertos, y ello es así al no poder ser de otra manera, pues son decisiones políticas.
No pongo en cuestión la capacidad técnica de los expertos, que unos más que otros, seguro que entre todos la tienen; pero si manifiesto mi completo desacuerdo con quien considere que el referido informe es algo diferente a una visión política poco imaginativa, para tratar de resolver, por los métodos de siempre, el negro futuro que otros grupos, tan expertos como estos de de hoy, ya trataron de resolver anteriormente, como los del informe actual, tienen previsto para el sistema público de pensiones español, en los próximos 30 años.
Sí me sorprende que, en líneas generales, los argumentos actuales y las soluciones propuestas por los expertos de hoy, sean muy similares en ambos casos a los que dieron lugar a la ya vieja reforma de 1.985, que como todos recordamos amplió las bases de cálculo de las pensiones desde las los últimos 24 meses a las de los últimos 96 meses, y que llevó tras discretas reformas menores, a considerar las de los últimos 180 meses, como ha venido sucediendo hasta Diciembre de 2012. Ya en Enero de 2013 se inició el recorrido que terminará con la ampliación del periodo de cálculo hasta las de los últimos 300 meses, como se prevé en la última reforma de 2.011.
Así las cosas, después de todo el camino recorrido desde entonces, parece que el futuro de las pensiones públicas es tan negro, o más si cabe, a la vista de las tasas de desempleo, que el que teníamos en 1.985. Las soluciones que se pretenden son del mismo pelaje y con el mismo objetivo. Si ya pasó una vez y hoy parece que vuelve nuevamente a pasar, es obligado preguntarse, ¿Estaremos dentro de 30 años en la misma situación y con las mismas propuestas de solución? ¿Las hipótesis de partida de entonces eran incorrectas? ¡Entonces nos contaron que con ellas se solucionaba la situación! ¿Y las de ahora son igual de correctas? Como la bola de cristal no es mi especialidad, me temo que tendremos que esperar otros 20 o 30 años para saberlo, pero creo que sí, volveremos a lo mismo, vistas las ideas de solución propuestas.
Yo creo, estoy absolutamente convencido, que las hipótesis de base de hoy son un desliz propio de expertos metidos a políticos; que han buscado la solución más rápida, eficiente a corto plazo y de evaluación económica inmediata y “cuasi” indiscutible; encontrada la solución, se definen las hipótesis de partida que permitan alcanzar el objetivo y dar una explicación razonablemente argumentada, que es lo que hace el Informe.
La definición de Sostenibilidad y el factor de sostenibilidad, la hipótesis del riesgo demográfico, y la modificación del número de bases mensuales de cotización a tener en cuenta para el cálculo de la base de jubilación, son las hipótesis políticas, de carácter técnico, necesarias para llegar al objetivo decidido; que cumplen con las condiciones señaladas, de inmediatez, solución a corto plazo y cuantificación fácil e indiscutible; estas son las discutibles, pues son la excusa y las que, en mi opinión, determinan el resultado del informe. Veamos una a una las hipótesis y propuestas.
Sostenibilidad; es en mi opinión, el principio trampa; como se refleja literalmente en el informe, “Sostenibilidad quiere decir que la aspiración de quien otorga el mandato es que el sistema de pensiones se sostenga por si mismo”.
Está claro que el gobierno actual toma la decisión política de que los ingresos por cotizaciones sean iguales o superiores a los pagos por pensiones, si bien, como se refleja en el informe “no prejuzgan que la sociedad española decida insuflar al sistema de pensiones recursos económicos de unas u otras fuentes”.
Esta última frase, sí que es toda una declaración técnica dispuesta a contentar a todos, sin decir nada, dejando de paso todo el peso de la culpa en quien otorga el mandato. Esto sí que es rigor técnico.
Es llamativo que se defina la sostenibilidad como la igualdad de ingresos y gastos; ¿ Se da cuenta alguien que se considera definición a la consecuencia? Yo pensaba que la sostenibilidad es consecuencia del equilibrio presupuestario, que si bien es un deseo aceptable y muy razonable, hay que terminar con el déficit público a cualquier precio; es sorprendentemente llamativo que se pretenda empezar con este rigor presupuestario por las pensiones públicas, en lugar de hacerlo por las Instituciones y Organismos del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones, de los Organismos Autónomos, de las Corporaciones locales, y de las Empresas Publicas estatales, autonómicas y municipales.
Curiosamente los técnicos no citan más forma de financiación de las pensiones públicas que las cotizaciones, apuntan la posibilidad de emitir deuda para financiar el sistema si ello fuese necesario excepcionalmente, además de la posibilidad de insuflar al sistema lo que la sociedad española decida.
Estos políticos todo lo resuelven con emisión de deuda, que es una solución ideal y brillante a corto plazo para quien ocupa el poder, ya que se lo gastan los que la emiten, no les desgasta políticamente en las elecciones siguientes y, finalmente paga a futuro como pueda el que ocupe el poder.
Fuera de lo expuesto, no hay ninguna idea de ampliación de las posibilidades de financiación para las pensiones, salvo la que lanza, como es habitual la oposición de la izquierda; para poner un impuesto adicional a las grandes fortunas, de las que como todos sabemos, se recauda la mayor tasa porcentual de impuesto pero con la menor recaudación neta, vamos que es llamativo pero aporta poco, claro que gota a gota se llena un pantano.
No hay que ser un lince para que a uno se le ocurran algunas cosas distintas para aumentar las fuentes de ingreso, como financiar por impuestos indirectos, tasas por estancias turísticas, unificar los sistemas de funcionarios de clases pasivas, de forma que coticen a la SS y no a sus mutualidades de funcionarios, discriminar en las cotizaciones de SS lo que corresponde a la Asistencia Sanitaria y lo que corresponde a pensiones, reformar el sistema de pensiones de viudedad y de orfandad no causadas, solucionando el problema de las segundas nupcias de jubilados con mujeres 30 y 40 años mas jóvenes que ellos, que causan pensión de viudedad y orfandad, completamente fuera de la normalidad estadística; para sacar ambas prestaciones del sistema de reparto, derivándolo a un sistema de capital de riesgo necesario para la constitución de la renta de viudedad y de orfandad considerando la edad del conyugue y de los hijos, suprimir las prestaciones de favor familiar, la eliminación de los sistemas especiales para generar pensión para la clase política integrándolos al 100% en el Régimen General sin privilegios.
Seguro que hay muchas más acciones posibles, que permitirían el equilibrio presupuestario, perdón “la sostenibilidad”, que es el “palabro” de moda entre la clase política y sus técnicos. Naturalmente no es intención del informe aportar ideas imaginativas sobre nuevas vías de financiación del sistema, sino solo reducir sus gastos, vamos las pensiones, para no tener que aumentar los ingresos por otros medios e incluso, aun cuando no se indica por ninguna parte, reducir los actuales si ello permite incentivar el empleo. ¡Deseos de políticos y empresarios!
Factor de Sostenibilidad, con el que se pretende anticipar anualmente los desequilibrios del sistema de pensiones y definir su absorción en un número de años establecido basándose en dos factores adicionales, la equidad intergeneracional de las nuevas pensiones y el de revalorización anual de todas las pensiones.
La modificación del marco temporal a tener en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación, con la consideración de las bases mensuales de toda la vida laboral, es una medida ya de por si drástica en la reducción de la pensión inicial, que se vería aún más mermada con la aplicación del factor intergeneracional.
El Factor de equidad Intergeneracional, que pretende que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos los jubilados, pero que realmente sirve para decidir, la reducción de la pensión inicial, según el año de inicio de la pensión, pues realmente es imposible unificar las condiciones de acceso entre los ya jubilados y los que se incorporan continuamente como pensionistas.
La aplicación de este coeficiente reductor, que aumentará cada año para los nuevos pensionistas, se calcula mediante una proyección de la esperanza de vida para los nuevos pensionistas, siendo los inicialmente previstos el coeficiente 1,00 en 2014 y 0,8082 en 2051.
En cristiano y para que todos lo entendamos, los que alcancen la jubilación en 2014, recibirán el 100% de la pensión que resulte de sus bases de cotización que deban ser consideradas al efecto, los que se jubilen en 2051 recibirán solo el 80,82%. La buena noticia para esos jubilados de 2051 es que su esperanza de vida será de 25,08 años, vamos que como para entonces ya se estarán jubilando a la edad de 67 años, tendrán la suerte de llegar a los 92 años, según las estimaciones que los expertos del estudio atribuyen al INE. ¡Qué optimismo! ¿Nos consideran estúpidos?
Claro que, según lo veo hay dos errores importantes en esta previsión; primero no tener en cuenta que la jubilación desde el 1 de Enero de 2013, ya no es a los 65 años sino que ha empezado a aplicarse la prolongación de la vida activa previsto en la reforma del 2011, de forma que ya la jubilación en 2013 es a los 65 años+ meses. El segundo error es la previsión de evolución de la esperanza de vida media a partir de los 65 años, que también obvia este alargamiento de la vida activa y en cuya estimación no parecen haber hecho mella en las previsiones de longevidad de los jubilados, las expectativas catastrofistas que sobre la esperanza de vida hay planteadas como consecuencia del cambio climático, cuyas principales víctimas son precisamente los pensionistas de más edad; es una previsión francamente optimista de la esperanza de vida media de los mayores de 65 años, pero claro hay que incluir como sea el riesgo demográfico que justifique las medidas.
Es un detalle revelador la toma de conciencia que los expertos hacen para que, a la vista la incidencia a la baja que van a tener las pensiones iniciales y la revalorización incierta y poco clara a futuro “el ciudadano disponga de herramientas suficientes de este sobre su pensión, y actuar individualmente, si lo desea”, promoviendo “incentivos adicionales a la prolongación de la vida laboral”, situación que en un grupo de personas, puede ser viable y deseable, pero que en la gran mayoría es difícil, sino imposible llevar a la realidad; ello sin olvidarnos de que la empresa actual, parece haber renunciado a la experiencia y al conocimiento en favor de la juventud y bajo coste de sus plantillas.
El Factor de Revalorización Anual, sirve para frenar el crecimiento de la pensión media; algo lógico ya que por una parte se minoran las pensiones de entrada y por otra se reduce el crecimiento por revalorizaciones de las ya existentes, que junto con la caída natural derivada de la mortalidad de los pensionistas, como textualmente se indica en el informe “frena el crecimiento natural de la pensión”, por esta vía es posible que si se pueda llegar a la “sostenibilidad” del sistema en los términos definidos por la decisión política del informe, y cuanto más se bajen más rápido se llega al equilibrio presupuestario.
Naturalmente la tasa de desempleo actual, también marca el mal futuro para las revalorizaciones anuales, pues no parece que la esperanza de fin de ciclo tenga mucho efecto, según los expertos, ni sobre el volumen de ingresos ni sobre el volumen de gasto.
La pretendida transparencia que ha de darse a este proceso, en la opinión de los expertos, para que todos nos lo creamos y seamos conscientes de ello, ni garantiza la realidad de los cálculos que se realicen, ni la revalorización mayor o menor que se decida, como no se ha garantizado hasta hoy, pese a que hay una ley en vigor que garantizaba la revalorización de las pensiones conforme a un índice, que ya no aplicó el gobierno anterior, y que el actual gobierno ha reducido en su índice de revalorización en 2013. Es otra forma de alcanzar la sostenibilidad como otra cualquiera.
Creo que hay muchas posibilidades de actuación en el sistema público de pensiones, que tienen mucho que ver con la racionalización del ingreso, ampliando sus fuentes de financiación, persiguiendo el fraude que lo hay, y racionalizando el gasto de gestión, no en el de pensiones.
Hay que cambiar la vieja idea del pensionista como fuente de gasto, hoy son 9.000.000 de pensionistas y según el informe la previsión es de 15.000.000 de pensionistas en 2052. Al pensionista hay que verlo como lo que realmente es, un consumidor potencial de bienes y servicios, que paga al contado, gastándose todo lo que tiene, pues ya normalmente no contrae deudas y si lo hace son mínimas y a corto plazo. ¿Quién en su sano juicio puede pretender reducir más las pensiones futuras de 15.000.000 de clientes potenciales? ¡Qué desperdicio de consumidores para un mercado que más lo necesita!
No creo, como algún malidicente ya ha declarado, que la intención oculta del informe sea la potenciación de los planes de pensiones privados, si bien es evidente que los actores en Planes y Fondos de pensiones y más de un político, aprovechen el tirón, para fomentar esta vía. Hay que ser realista, tal como está hoy la situación y como están diseñada la legislación y la metodología de los Planes y Fondos de Pensiones privados, con ellos en la mayoría de los casos, no se consigue mucho más que la desgravación fiscal anual en el IRPF, y el cobro de un capitalillo, normalmente poco vistoso, salvo que se haya venido ejerciendo una actividad profesional de alto directivo en según qué sociedades.
