Escribe: Rosa María Di Capua, socia directora de Mercer
Ni un solo día leemos la prensa o escuchamos los medios sin que se cuele algún artículo, tertulia o rumor – más o menos fundado – que concierne al tema de nuestro titular.
Podríamos pensar que el gobierno se ha vuelto loco tocando un tema tan antisocial o que las empresas privadas que gestionan fondos para la jubilación buscan incrementar su negocio creando alarmismo hablando de la “reducción” de las pensiones (esa paga vitalicia que nos hemos ganado trabajando duro el 50% de nuestra vida!). Pero la verdad es que esta vez las circunstancias (profundidad de la crisis económica, tasas de desempleo inimaginables hace pocos años, cambios demográficos ajenos a la crisis como el aumento de la esperanza y calidad de vida) se han alineado para que toque plantearse y abordar seriamente tan sensible materia sin más dilaciones.
Todo parece que ya se ha escrito y debatido: desde la insostenibilidad del sistema público de pensiones en su actual configuración, desde la inadecuación del modelo de cálculo y de acceso a la misma, hasta la necesidad de crear planes privados de pensiones a poder ser a cargo de las empresas que no siempre saben cómo mantener empleos y ganar en productividad y rentabilidad a la vez.
Sin embargo la reflexión que quiero poner hoy sobre la mesa es mucho más simple y se resume en dos palabras: ética y responsabilidad en la gestión del bien común.
Por muchas reformas estructurales o coyunturales que se barajen, lo que necesitamos, a mi juicio, es crear una conciencia, en todos los ámbitos, tanto de quienes legislan como de quienes gobiernan, así como de los agentes sociales y hasta del ciudadano de a pie, de que los bienes comunes son nuestros bienes y una mala administración de la riqueza de hoy será la pobreza de nuestros hijos mañana.
Ello se ha de traducir en cambios conductuales en todos los niveles de la sociedad. Entre ellos destacaría: los gobernantes, como máximos exponentes de la voluntad de los ciudadanos, las empresas como generadoras de empleo y de riqueza, los representantes sociales, como portavoces de las legítimas necesidades de quienes trabajan y las familias, como cuna de la educación y los valores de la sociedad del futuro.
Llevando ese cambio o nueva conciencia responsable a la materia que nos ocupa, nos va a permitir, a mi juicio, que podamos conseguir:
- 1. Abordar una reforma de las pensiones públicas hoy sobre la mesa del Pacto de Toledo a través del consenso garantizando la adecuación, suficiencia y sostenibilidad de nuestro modelo, eliminando “compras de pensiones”, “abusos de pensiones mínimas”, pero sobre todo evitando situaciones de pobreza.
- 2. Entender que no hay una disyuntiva entre público y privado, sino una complementariedad que ha de llevarse a cabo desde unas buenas prácticas en la claridad de la comunicación y en la gestión de las expectativas.
- 3. Cultivar una mejora de la educación financiera de la ciudadanía desde las escuelas (no sólo las de negocio!) para garantizar el entendimiento de los productos de ahorro, sus políticas financieras y por ende la exigencia hacia los operadores en estos mercados de maximizar la profesionalidad.
- 4. Obligar a los gestores y financieros a tener la máxima transparencia y rigor en el manejo de los fondos privados de ahorro para ganar la confianza de los partícipes y otorgar máxima seguridad al futuro pensionista.
- 5. Fomentar el ahorro empresarial para la jubilación no como una opción sino como un factor higiénico en el paquete de compensación de un empleado (óptica empresarial) tanto con salarios altos, medios o bajos.
Y finalmente educar a nuestros hijos en la cultura de la hormiguita y no de la cigarra, ¡viejo cuento pero de plena actualidad!
